Los brasileños desde el segundo semestre de 2022 recibirán sus correspondencias y encomiendas traídas por carteros vestidos con los uniformes celeste de Amazon, violeta de FedEx, o azules de Magazine Luiza, ya que es un hecho la privatización de la Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) impulsada por el Gobierno de Jair Bolsonaro.
Las empresas que pugnan por el Correos de Brasil son de logística y comercio electrónico y -según algunos expertos- el cambio traerá eficiencia y tecnología, mientras que, para otros, será destructivo para los usuarios, sean ciudadanos u otras empresas de e-commerce.
Según el primer estudio de desestatización realizado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), vinculado al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, junto a la consultora Accenture, «la comunicación y transacciones por medios digitales ocasionaron una caída acelerada en el volumen postal, traducido en la pérdida gradual de ingresos de Correios que no consiguió apalancar todo el potencial de automatización y digitalización de sus operaciones».
Por esta razón, la posición oficial del Gobierno de Bolsonaro es que la privatización de la ECT es la «mejor alternativa que satisface los requisitos técnicos, económicos y jurídico-regulatorios para maximizar el valor generado para las diferentes partes interesadas: gobierno, empleados y toda la población brasileña».
Por el otro lado, la oposición -del gobierno y del proceso de desestatización- argumenta que el proyecto no solo es inconstitucional (ya que en la carta magna brasileña dispone que la mantención de los servicios postales sea de forma exclusiva del gobierno federal), sino que también va a ser perjudicial para los ciudadanos y compañías.
Y se trata de la venta de una compañía pública productiva que generó ingresos de 1.530 millones de reales (US$ 282 millones) en 2020 y además creará un monopolio que privará a las ciudades más apartadas y no rentables para la compañía del contacto con el resto del país.
Pero más allá de las distintas posturas, lo cierto es que uno de los actores que más de cerca está observando el proceso es la industria del retail, especialmente el de las ventas online.
«Lo que está en juego en este momento son los envíos del e-commerce, es esa la cuestión central. Ese es el debate que está escondiendo, la mina de oro, el lucro real», dijo el líder de minoría, el diputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), durante la discusión en la Cámara de Diputados para la autorización de la privatización de la estatal.
De hecho, Brasil se encuentra entre los 10 países con mayor número de ventas online a nivel global en 2020, según eMarketer.
El año pasado el crecimiento del comercio electrónico respecto al 2019 cerró en 75%, según el E-Commerce Quality Index 2020 de Lett, la compañía brasileña de soluciones de inteligencia de mercado en e-commerce.
Y en el primer semestre de 2021, la venta de online aumentó un 57,4% en comparación al mismo período del año anterior, concluyó el estudio de Neotrust, consultora brasileña de e-commerce.
De esta manera, el atractivo de ECT es tan grande que no solo los nombres de las empresas de logística tradicionales se hicieron públicos como potenciales interesados en comprarla, tales como la brasileña Simpar o las multinacionales Fedex y DHL, sino también las de retail.
En septiembre del año pasado, de hecho, el ministro de comunicaciones Fábio Faria afirmó que entre las candidatas están empresas como el retailer brasileño Magazine Luiza y el gigante estadounidense Amazon, e insinuó que la china Alibaba también estaría interesada.
El mayor atractivo para todas estas empresas: ser la única en el país con la capacidad de alcanzar a más de 5.500 de 5.568 municipios de Brasil a través de 11.000 agencias y 98.000 funcionarios.
El proyecto de privatización ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente está tramitándose en el Senado. Si cumple con la agenda, la licitación deberá ser realizada durante el primer semestre de 2022, cuando se conocerán a las compañías candidatas que estarán compitiendo en el proceso.
En el formato de privatización escogido por Bolsonaro, la estatal será vendida, pero los servicios postales, que son monopolio del gobierno federal, serán prestados por la nueva empresa privada en forma de concesión, por lo que estará regulada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, y las tarifas del servicio postal estarán controladas.
El texto aprobado en la Cámara también define que la compañía que compre Correios debe mantener el servicio postal universalizado, lo que la obliga a ofrecer el servicio a regiones menos atractivas y no le permite cerrar agencias en áreas remotas del país.
Además, la nueva empresa privada no podrá despedir a funcionarios sin causa justa por 18 meses luego de la adquisición y, si los mismos renuncian voluntariamente, deberá indemnizarlos con un año de salario.
